Pedro Sánchez defiende suprimir la inviolabilidad del Rey en pleno aniversario de la Constitución
Pedro Sánchez apuesta ahora por suprimir la inviolabilidad del Rey recogida en el artículo 56.3 de la Carta Magna, incluido en en el Título II, una de las partes blindadas de la ley fundamental.El presidente del Gobierno ha lanzado esta idea, añadiendo estar "convencido" de que el propio Felipe VI estaría de acuerdo con la misma, en una entrevista concedida a un grupo de televisiones justo cuando se celebra el 40 aniversario de la Constitución.

La sugerencia coincide con las aspiraciones de Unidos Podemos, el partido que hasta ahora ha sostenido su acción de Gobierno, y con las reivindicaciones de las fuerzas independentistas catalanas amplificadas tras el mensaje de Felipe VI a los españoles después del referéndum ilegal del 1-O.En realidad, la sugerencia de Sánchez cae dentro del terreno de la gratuidad política habida cuenta de que la inviolabilidad del Rey -un concepto diferente al del aforamiento del que gozan los miembros del Gobierno, los diputados y senadores, entre otros colectivos- es una figura que, para su modificación o supresión, requiere de un procedimiento agravado extraordinariamente rígido y difícil de superar.Un trámite para el que el actual Gobierno, sostenido por 84 diputados y dependiente del apoyo puntual de un amplio abanico de fuerzas, no dispone de ninguno de los instrumentos necesarios. Para cambiar un precepto blindado de la Constitución hay que regirse por lo establecido en el artículo 168, según el cual la iniciativa de reforma debe ser sometida a las Cámaras que han de aprobarla, ambas, por una mayoría reforzada de dos tercios. A continuación, el Parlamento se disolvería de forma automática y se procedería a la convocatoria de elecciones generales.

Las Cámaras resultantes de las urnas tramitarían la iniciativa de acuerdo con el procedimiento legislativo normal aunque la votación final debería ser nuevamente respaldadas por dos tercios de los miembros de Congreso y del Senado. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales tendría que ser sometida a referéndum para su ratificación.
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